El presidente de EE.UU., Barack Obama,
prevé pedir al Congreso nuevos fondos, por valor de 2.000 millones de
dólares según la prensa, para afrontar el flujo de niños
centroamericanos que llegan solos a la frontera, mientras busca dar más
autoridad a su Administración para acelerar su deportación.
Según dijo hoy a Efe un funcionario de la Casa Blanca, quien indicó
que está por confirmarse la cifra de esos fondos, el mandatario enviará
mañana lunes una carta informando al Congreso de su decisión de pedir
"nuevos recursos y más flexibilidad" para lidiar con la llegada de los
niños inmigrantes y se espera que solicite formalmente los fondos a
partir del 7 de julio.
Además de la solicitud monetaria, dirigida a los esfuerzos
humanitarios y de seguridad derivados de la llegada masiva de niños,
Obama pedirá al Congreso que revise las normas actuales para dar más
autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin
de acelerar la deportación de los niños centroamericanos.
"Queremos trabajar con el Congreso para (...) proporcionar al
secretario de Seguridad Nacional más autoridad para tomar decisiones a
la hora de procesar el regreso y deportación de los menores solos de
países no contiguos (a EE.UU.) como Guatemala, Honduras y El Salvador",
señaló el funcionario, que pidió el anonimato.
Además, la Administración quiere pedir al Congreso más flexibilidad
para "aumentar las penas contra aquellos que trafican con migrantes
vulnerables, como los niños", indicó.
La ley estadounidense prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional
deportar a los niños inmigrantes inmediatamente después de su llegada
al país en caso de que su nación de origen no comparta una frontera con
este, por lo que no puede hacerlo con los menores que vienen de
Guatemala, Honduras o El Salvador.
El Gobierno de Obama busca obtener la autorización del Congreso
para hacer ese proceso más similar al de los niños que llegan desde
México, que pueden ser deportados más fácilmente.
Los niños centroamericanos interceptados al llegar al país son
reubicados en instituciones federales o con parientes dentro del país a
la espera de que su caso avance a través del sistema de justicia
migratoria estadounidense, un proceso lento pero que conduce a la
deportación en la mayoría de los casos.
Cuando el Congreso vuelva de su receso actual, a partir del 7 de
julio, el Gobierno solicitará los 2.000 millones de dólares más, una
cifra que adelantaron los diarios Washington Post y The New York Times y
que el funcionario consultado por Efe insistió en que aún no es
definitiva porque la Casa Blanca aún está ultimando su plan.
El funcionario dijo que el Gobierno quiere que esos nuevos fondos
financien una "legislación de gasto suplementario de emergencia" para
contar con los "recursos necesarios para detener, procesar y cuidar
adecuadamente de los niños" detenidos en la frontera, que suman unos
52.000 en los últimos 9 meses.
La legislación incluiría además "una estrategia agresiva de
disuasión centrada en la deportación y repatriación de inmigrantes que
han cruzado la frontera recientemente", un aumento "sostenido" en la
seguridad en la frontera y un aumento "significativo" de los jueces de
inmigración, que se dedicarían con prioridad a la crisis.
Por último, los fondos permitirían aumentar la cooperación con los
países de Centroamérica para repatriar a los inmigrantes, "afrontar las
causas que están en la raíz de la migración y comunicar las realidades
de estos viajes peligrosos" a los ciudadanos centroamericanos,
puntualizó el funcionario.
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