
Cuando faltaban pocas horas de que se
venza el plazo previsto por la ley para que la Fiscalía General presente
una acusación formal contra López, opositores convocaron a una marcha
hasta la sede del máximo tribunal, al norte de la capital, para exigir
la liberación del dirigente del partido Voluntad Popular quien fue
arrestado el pasado 18 de febrero señalado de promover hechos violentos
en el país.
En torno a esta convocatoria existe
expectativa debido a que desde mediados de febrero las autoridades no
han permitido el recorrido de ninguna marcha opositora en la capital,
alegando que siempre culminan en violencia, y la mayoría de los eventos
organizados por los sectores adversos al gobierno son fuertemente
reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por los cuerpos de
seguridad.
En la víspera, se registraron violentos
incidentes en la estatal Universidad Central de Venezuela de Caracas.
Universitarios se enfrentaron con piedras, bombas molotov y fuegos
artificiales contra guardias nacionales y policías nacionales que
bloquearon una marcha opositora hacia el norte de la ciudad. Los cuerpos
de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión
cisterna para contener a los manifestantes.
En medio de la protesta grupos de
encapuchados atacaron brutalmente a jóvenes opositores, algunos de los
cuales fueron desnudados mientras eran golpeados con palos y pateados en
una de las áreas internas de la mayor universidad capitalina. Los
incidentes en el centro de estudio dejaron un saldo de unos siete
heridos.
La Fiscalía General no ha informado
hasta el momento si presentará una acusación formal contra López antes
del 5 de abril, fecha en la que se vence el plazo de 45 días previsto en
la ley para formular cargos.
Uno de los abogados del dirigente
opositor, Bernardo Pulido, afirmó el viernes que el caso "debería
terminar en un sobreseimiento por parte del Ministerio Público porque no
tienen elementos de convicción suficientes de que Leopoldo haya
cometido un delito porque no cometió un delito".
En entrevista telefónica, Pulido dijo a
The Associated Press que si la Fiscalía no presenta una acusación contra
López en las próximas horas "estarían violando el plazo contemplado por
el Código Orgánico Procesal Penal", pero reconoció que en el proceso
del líder opositor "se han incumplido muchas cosas".
López, de 42 años, es investigado por su
presunta responsabilidad en los incidentes violentos que se registraron
el 12 de febrero en el centro de la capital tras una multitudinaria
marcha opositora, que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69
detenidos.
El dirigente opositor fue imputado en
febrero de los delitos de incendio intencional, instigación pública,
daños a la propiedad pública, y asociación para delinquir. El pasado 28
de marzo una corte de apelaciones de la capital negó una solicitud que
hicieron los abogados de López para que el dirigente tuviera libertad
condicional mientras es procesado.
Venezuela se ha visto sacudida desde
febrero pasado por protestas de universitarios y opositores,
esencialmente de clase media, que han salido a manifestar contra la
desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de
57,3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en
Caracas y otras ciudades del interior han dejado hasta la fecha al menos
35 fallecidos, 559 heridos y más de 1.700 detenidos de los cuales 168
permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
El presidente Nicolás Maduro declaró en
la víspera que su gobierno ha tenido que hacerle frente a "un rebrote
fascista" que ha provocado escenarios de desestabilización en el país, y
denunció que desde el exterior se está promoviendo una "feroz campaña
mediática" para tratar de mostrar que Venezuela está caos, según reseñó
la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Esta es la primera crisis que enfrenta
el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013
tras la muerte del presidente Hugo Chávez.
El bloque oficialista, que ganó por
amplia mayoría las elecciones municipales de diciembre, se ha mantenido
cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el
país. Maduro ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es
controlada por el oficialismo, el Poder Judicial y la fuerza armada. /
AP
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