Durante
casi una década, Ecuador se ha mantenido entre los países de América
que más plantean denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Expertos en la materia afirman que la mayoría de usuarios que acuden a
ella no son políticos, sino ciudadanos o comunidades sin vínculos
partidistas que alegan la violación de derechos humanos en su país.
Pero el Gobierno reiteró hace unos días que la CIDH era “una
institución politizada” por haber concedido medidas cautelares a tres
opositores.
Ecuador consta entre los diez estados con más reclamos entregados a
la Comisión entre los años 2004 y 2012 (de un total de 26 a 29 estados),
según los informes anuales del organismo.
La CIDH prevé publicar el reporte del 2013 el próximo 23 de abril, indicó su departamento de prensa a este Diario.
El total de peticiones por año varía, pero entre el 2009 y 2012 registra una tendencia al alza.
La cantidad no representa el número de denuncias admitidas a trámite,
puntualiza el catedrático Farith Simon, quien ha defendido a ciudadanos
en al menos once reclamos, dice él.
Simon, director de la clínica jurídica de la Universidad San
Francisco de Quito, explica que esto último ocurre cuando la Comisión
emite un informe de admisibilidad. Entonces la “petición” se convierte
en “caso”.
Además subraya que el aumento de quejas “no necesariamente” implica
un incremento en las violaciones a los derechos humanos en un país.
Dice que hay otros factores, como que más personas conocen sobre esta alternativa.
“Históricamente la gente común y corriente, quiero decir sin
vinculaciones políticas, ha acudido a la CIDH para buscar justicia en
casos de violaciones a derechos humanos”, afirma.
Denuncias en 8 años
Según los informes, la Comisión ha recibido 499 denuncias desde
Ecuador en el periodo 2004-2012. De ese total, 50 se han convertido en
casos y estos analizan diversos temas.
Por ejemplo, las 9 denuncias admitidas a trámite en el 2011 tratan
sobre detenciones arbitrarias (4) y violaciones al derecho a la vida
(3), a las garantías judiciales (1) y al acceso a la educación (1).
Pero la CIDH también ha recibido quejas de Ecuador sobre mala
práctica médica, restricción a la libertad de expresión o a los derechos
colectivos.
Simon anota que un trámite ordinario suele demorar más de seis años,
pero que la institución podría agilizar su pronunciamiento ante un
pedido de medidas cautelares.
Medidas a favor de Jiménez
El más reciente lo emitió en favor del asambleísta Cléver Jiménez
(PK), su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa.
Todos críticos al régimen de Rafael Correa.
El pasado marzo, la CIDH les otorgó medidas cautelares, tras la
ratificación de una condena a prisión en un juicio de injurias que
Correa les siguió.
El mandatario Rafael Correa, el canciller Ricardo Patiño y el
secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, expresaron su
rechazo a la decisión, pues aseguraron que la Comisión no era competente
para tomarla. También la acusaron de estar ‘politizada’.
El abogado Jorge Sosa, quien ha patrocinado “una veintena” de quejas
ante la CIDH, afirma que el órgano no aplica parámetros políticos sino
técnicos para procesar las solicitudes.
“Tanto es así que el primer parámetro para que una demanda pase es
que exista la posible violación a la Convención Americana de Derechos
Humanos y no a la Constitución de un país”, precisa el jurista.
El régimen sostiene que la Convención no especifica que la CIDH pueda
dictar medidas cautelares, pero sí que puede hacerlo la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Hernán Salgado, quien presidió la Corte durante dos años, comenta que
el organismo “ha dicho muchas veces que las recomendaciones de la CIDH
tienen que ser aplicadas”.
(La CIDH) es un instrumento politizado al servicio de potencias del norte y en esa instancia la va a tratar el Gobierno, como una institución politizada que pretende perseguir a gobiernos”.
Alexis Mera
Secretario jurídico
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