La reunión fue después de que se expidió la licencia ambiental a
petroamazonas La Comisión de Biodiversidad recibió a los representantes
de Justicia, de Sectores Estratégicos, de Medio Ambiente y de Recursos
No Renovables para analizar el informe semestral sobre la explotación
del Yasuní ITT.
Dar seguimiento a la declaratoria de interés nacional sobre la
explotación petrolera en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní.
Ese fue el único punto en el orden del día de la sesión número 28 de la
Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.
La reunión tuvo un antecedente: la licencia ambiental expedida el jueves por el Ministerio del Ambiente para que Petroamazonas empiece a producir en los campos Tambococha y Tiputini.
A la cita acudieron cuatro ministros: Lorena Tapia, de Ambiente; Ledy Zúñiga, de Justicia; Rafael Poveda, de Sectores Estartégicos, y Pedro Merizalde, de Recursos No Renovables. Además fue el gerente general de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, que solo hizo acto de presencia. No intervino en las tres horas y 20 minutos que duró la reunión. La última en llegar fue la ministra Tapia. La expectativa de los medios por sus declaraciones era alta. Sin embargo, entró escoltada por unos seis policías, además de sus guardaespaldas. Fue evidente que no quería responder preguntas. A la Comisión también asistió Sergio Chacón, prefecto de la provincia de Napo por el movimiento Alianza País.
Esta vez, la sesión de la Comisión se inició con una reunión a puerta cerrada entre el presidente del organismo legislativo, Carlos Viteri Gualinga, y los cuatro ministros. Diez minutos después, la sesión pública fue instalada. Viteri pidió precisión en las intervenciones, en honor al tiempo. Indicó además que, previo a este encuentro, se habían remitido a las diferentes carteras de Estado las preguntas de los asambleístas.
El legislador amazónico retomó el discurso: la comisión dará un tratamiento minucioso al tema de la explotación en ambos bloques y se harán visitas al territorio para “verificar y conversar con los actores y los equipos técnicos”.
Según dijo, el objetivo es “ lograr que el Ecuador se convierta en el referente mundial de una actividad extractiva responsable con los derechos de la naturaleza y de los pueblos”. Calificó la reunión de “trascendental”.
El primero en hablar fue Rafael Poveda, de Sectores Estratégicos. Esa cartera de Estado, en conjunto con la Secretaría de Hidrocarburos, fue la encargada de realizar la consulta en las comunidades que pudieran ser afectadas por la explotación petrolera. Su intervención fue para aclarar que todo el trabajo que han realizado desde octubre de 2013 hasta abril de este año se encuentra "absolutamente normada”. La consulta previa se enmarca en el artículo 57, numeral 7, de la Constitución y en el punto siete de la declaratoria de interés nacional que suscribió el bloque oficialista en octubre del año pasado y en el Decreto Ejecutivo 1257. “No podemos llevar esto a un tema de opiniones o de cómo se debe hacer. Nosotros actuamos de conformidad con la Ley. Hay un marco constitucional que se debe respetar”.
Poveda defendió la licencia ambiental firmada por Tapia. “Está en el artículo 407 de la Constitución, en la Ley Ambiental vigente y en los acuerdos que ha emitido el Ministerio”. Después de su aclaración, el encargado de mostrar una presentación con mapas de los lugares en los que se realizó la consulta previa fue Ricardo Obando, coordinador del Proceso de Seguimiento Social y Ambiental de la Secretaría de Hidrocarburos. Elogió el trabajo que había realizado la secretaría en el tema de la consulta. “Este es un hito histórico que fortalece el ejercicio de la democracia”.
Habló de la participación de las comunidades de Tiputini, Santa Rosa, Llanchama, Pandochicta y San Vicente, entre otras en las que se había realizado la consulta. También informó que se había activado la página consultaprevia.gob.ec. Ahí se encuentra la información referente al tema.
Pese a los datos reflejados en el PowerPoint, las críticas no tardaron en surgir. Incluso desde el bloque oficialista. La legisladora Marisol Peñafiel dijo que sería necesario que la información se sintetice y que se haga llegar una copia a la comisión. Zobeida Gudiño, por su parte, pidió que se ponga en el informe cuáles fueron las observaciones que hicieron las comunidades en la consulta previa. El dato fue obviado. Obando se justificó en el volumen de trabajo: eran demasiadas páginas y por eso no se puso ese dato. El ministro Poveda salvó a su subalterno: se comprometió a sintetizar la información y enviarla a la comisión.
Tapia fue la siguiente en tomar la palabra. Su presentación costó un llamado de atención a los técnicos de la comisión. No estaba lista. Y la reunión se suspendió durante tres minutos. Los murmullos pusieron más nerviosos a los técnicos. Viteri condicionó al equipo: si vuelve a suceder (los problemas técnicos), cambiará al equipo. Una vez superado el inconveniente, la ministra indicó que, después de la declaratoria, hace seis meses, lo primero que se hizo fue crear un comité para monitorear todas las acciones en el Yasuní. Además aseguró que hay un mapa que muestra la deforestación en el parque. Fue muy enfática al decir que, para cada acción que realice Petroamazonas, el MAE tiene listos los mecanismos de control. En su discurso, la licencia ambiental tuvo un papel secundario.
Finalmente, Ledy Zúñiga puso la cereza al pastel: en los monitoreos del Ministerio de Justicia no se encontraron pueblos no contactados en los campos Tambococha y Tiputini. Aseguró que, de haberlos, se suspendería la actividad extractiva. A las 13:25 minutos se dio por terminada la sesión. Los asambleístas y ministros esperaron un momento para abandonar la sala. La mayoría lo hizo por la puerta principal. La única que pidió a sus asesores averiguar si había otra salida fue Lorena Tapia. Huía de los periodistas. (LAC)
La reunión tuvo un antecedente: la licencia ambiental expedida el jueves por el Ministerio del Ambiente para que Petroamazonas empiece a producir en los campos Tambococha y Tiputini.
A la cita acudieron cuatro ministros: Lorena Tapia, de Ambiente; Ledy Zúñiga, de Justicia; Rafael Poveda, de Sectores Estartégicos, y Pedro Merizalde, de Recursos No Renovables. Además fue el gerente general de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, que solo hizo acto de presencia. No intervino en las tres horas y 20 minutos que duró la reunión. La última en llegar fue la ministra Tapia. La expectativa de los medios por sus declaraciones era alta. Sin embargo, entró escoltada por unos seis policías, además de sus guardaespaldas. Fue evidente que no quería responder preguntas. A la Comisión también asistió Sergio Chacón, prefecto de la provincia de Napo por el movimiento Alianza País.
Esta vez, la sesión de la Comisión se inició con una reunión a puerta cerrada entre el presidente del organismo legislativo, Carlos Viteri Gualinga, y los cuatro ministros. Diez minutos después, la sesión pública fue instalada. Viteri pidió precisión en las intervenciones, en honor al tiempo. Indicó además que, previo a este encuentro, se habían remitido a las diferentes carteras de Estado las preguntas de los asambleístas.
El legislador amazónico retomó el discurso: la comisión dará un tratamiento minucioso al tema de la explotación en ambos bloques y se harán visitas al territorio para “verificar y conversar con los actores y los equipos técnicos”.
Según dijo, el objetivo es “ lograr que el Ecuador se convierta en el referente mundial de una actividad extractiva responsable con los derechos de la naturaleza y de los pueblos”. Calificó la reunión de “trascendental”.
El primero en hablar fue Rafael Poveda, de Sectores Estratégicos. Esa cartera de Estado, en conjunto con la Secretaría de Hidrocarburos, fue la encargada de realizar la consulta en las comunidades que pudieran ser afectadas por la explotación petrolera. Su intervención fue para aclarar que todo el trabajo que han realizado desde octubre de 2013 hasta abril de este año se encuentra "absolutamente normada”. La consulta previa se enmarca en el artículo 57, numeral 7, de la Constitución y en el punto siete de la declaratoria de interés nacional que suscribió el bloque oficialista en octubre del año pasado y en el Decreto Ejecutivo 1257. “No podemos llevar esto a un tema de opiniones o de cómo se debe hacer. Nosotros actuamos de conformidad con la Ley. Hay un marco constitucional que se debe respetar”.
Poveda defendió la licencia ambiental firmada por Tapia. “Está en el artículo 407 de la Constitución, en la Ley Ambiental vigente y en los acuerdos que ha emitido el Ministerio”. Después de su aclaración, el encargado de mostrar una presentación con mapas de los lugares en los que se realizó la consulta previa fue Ricardo Obando, coordinador del Proceso de Seguimiento Social y Ambiental de la Secretaría de Hidrocarburos. Elogió el trabajo que había realizado la secretaría en el tema de la consulta. “Este es un hito histórico que fortalece el ejercicio de la democracia”.
Habló de la participación de las comunidades de Tiputini, Santa Rosa, Llanchama, Pandochicta y San Vicente, entre otras en las que se había realizado la consulta. También informó que se había activado la página consultaprevia.gob.ec. Ahí se encuentra la información referente al tema.
Pese a los datos reflejados en el PowerPoint, las críticas no tardaron en surgir. Incluso desde el bloque oficialista. La legisladora Marisol Peñafiel dijo que sería necesario que la información se sintetice y que se haga llegar una copia a la comisión. Zobeida Gudiño, por su parte, pidió que se ponga en el informe cuáles fueron las observaciones que hicieron las comunidades en la consulta previa. El dato fue obviado. Obando se justificó en el volumen de trabajo: eran demasiadas páginas y por eso no se puso ese dato. El ministro Poveda salvó a su subalterno: se comprometió a sintetizar la información y enviarla a la comisión.
Tapia fue la siguiente en tomar la palabra. Su presentación costó un llamado de atención a los técnicos de la comisión. No estaba lista. Y la reunión se suspendió durante tres minutos. Los murmullos pusieron más nerviosos a los técnicos. Viteri condicionó al equipo: si vuelve a suceder (los problemas técnicos), cambiará al equipo. Una vez superado el inconveniente, la ministra indicó que, después de la declaratoria, hace seis meses, lo primero que se hizo fue crear un comité para monitorear todas las acciones en el Yasuní. Además aseguró que hay un mapa que muestra la deforestación en el parque. Fue muy enfática al decir que, para cada acción que realice Petroamazonas, el MAE tiene listos los mecanismos de control. En su discurso, la licencia ambiental tuvo un papel secundario.
Finalmente, Ledy Zúñiga puso la cereza al pastel: en los monitoreos del Ministerio de Justicia no se encontraron pueblos no contactados en los campos Tambococha y Tiputini. Aseguró que, de haberlos, se suspendería la actividad extractiva. A las 13:25 minutos se dio por terminada la sesión. Los asambleístas y ministros esperaron un momento para abandonar la sala. La mayoría lo hizo por la puerta principal. La única que pidió a sus asesores averiguar si había otra salida fue Lorena Tapia. Huía de los periodistas. (LAC)
A pesar de que el grupo de los Yasunidos siguen esperando la validación de sus firmas, el libreto para la explotación del bloque 43 continuó. El legislador amazónico retomó el discurso: la comisión dará un tratamiento minucioso al tema de la explotación en ambos bloques y se harán visitas al territorio para “verificar y conversar con los actores y los equipos técnicos”.
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