El
Congreso de Estados Unidos está un paso más cerca de aprobar sanciones
contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de
que el pleno de la Cámara de Representantes aprobara hoy sin objeciones
un proyecto de ley con tal fin.
El texto legislativo pretende sancionar a los funcionarios del
Ejecutivo venezolano supuestamente vinculados con la violación de
derechos humanos durante las protestas que vive el país desde febrero
pasado.
La propuesta, encabezada por la legisladora republicana
cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, prohibiría la entrada a
territorio estadounidense a una serie de individuos supuestamente
relacionados con actos de represión durante las manifestaciones
estudiantiles en Venezuela, y congelaría sus activos en EE.UU.
"Estamos aquí para condenar los abusos contra los derechos humanos
que se están produciendo en Venezuela y terminar la crisis de su
pueblo", dijo la legisladora ante sus colegas.
Antes de la aprobación a viva voz, que no requiere de recuento, el
debate sobre el texto legislativo contó también con el apoyo del
demócrata por Texas Joaquín Castro, así como de otros tres republicanos,
además de Ros-Lehtinen.
"Los ojos de este Congreso y la comunidad internacional están sobre
Venezuela viendo cómo el presidente, Nicolás Maduro, y sus fuerzas de
seguridad reprimen a los manifestantes pacíficos. Es una tragedia
absoluta que 42 personas hayan muerto en las protestas en todo el país
(...) y también me preocupa que el líder opositor Leopoldo López siga en
la cárcel por (falsos) cargos", alegó Castro.
El joven congresista aplaudió la condena de los actos violentos por
parte del presidente Barack Obama y del secretario de Estado, John
Kerry, pero consideró que esta ley ayudará "a que el Gobierno de
Venezuela entienda que Estados Unidos está atento a lo que ocurre y que
hará todo lo posible para que algo así no se repita".
Por su parte, el demócrata por Nueva York Gregory Meeks, el único
en oponerse a la propuesta, dijo que "las medidas unilaterales de
Estados Unidos no son la respuesta".
"La Cámara baja no debería tomar decisiones basadas en emociones, sino de manera responsable", objetó.
El Senado cuenta con su propio proyecto de ley al respecto,
liderado por el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco
Rubio, el cual ya obtuvo el beneplácito del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara alta, y tiene que ser sometido al pleno.
En caso de que el texto de los senadores también sea aprobado,
deberá armonizarse con la propuesta de la Cámara de Representantes, y si
se llega a un texto único, sólo necesitaría la firma del presidente
estadounidense, Barack Obama, para que entrase en vigor.
Sin embargo, la Administración se ha mostrado reticente a
inmiscuirse en la solución de la crisis venezolana, sobre todo desde que
la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se ofreciera a mediar en el
diálogo entre Gobierno y oposición.
A este respecto, Ros-Lehtinen aseguró que "las llamadas
discusiones" entre ambas partes no han supuesto "ningún resultado,
ninguna acción, ninguna concesión y los inocentes continúan en prisión".
"Hemos dejado claro que cuando se trata de sanciones, no hay
opciones fuera de la mesa. Compartimos la preocupación de los miembros
del Congreso con respecto a las violaciones de derechos humanos que se
han cometido, así como la falta de respeto a las normas democráticas que
se exhibe por parte del Gobierno venezolano", dijo a Efe un portavoz
del Departamento de Estado tras conocerse la votación.
"Sin embargo, también creemos que la solución a largo plazo en
Venezuela requerirá un diálogo significativo entre los venezolanos sobre
el grave empeoramiento de los asuntos económicos y sociales de ese
país. Ese es el tipo de diálogo que la Unasur y el Vaticano han estado
tratando de proporcionar", agregó la misma fuente, que reiteró que ese
proceso no será "fácil ni rápido".
Venezuela vive protestas contra el Gobierno desde hace más de tres
meses que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que
han dejado 42 muertos, más de ochocientos de heridos y centenares de
encausados.
Asimismo, el Ejecutivo de Maduro ha denunciado desde el pasado año y
de manera reiterada planes de magnicidio y de intento de golpe de
Estado en Venezuela en los que ha involucrado a EE.UU. y al expresidente
colombiano y senador electo Álvaro Uribe (2002-2010).
El gobierno de Estados Unidos está de acuerdo en realizar sanciones al gobierno de Maduro por la violación de derechos humanos durante las protestas que vive el país desde febrero pasado. Lo que necesita el gobierno de Venezolano son fuertes sanciones por las malas decisiones y las malaas acciones que ha tomado el mandatario para el pueblo.
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